Una apuesta superadora

Reivindicar el espacio público y las instituciones no es tarea fácil por estos días. Cuando reflexionamos sobre el sistema de poder y espacio público en la Argentina, surge inmediatamente la convicción de que se trata de una construcción social cotidiana, que se plasma en estructuras que la mayoría de las veces percibimos lentas, corruptas y poco representativas. No obstante el descrédito, son imprescindibles para el funcionamiento y crecimiento de una sociedad seria y democrática.

Hoy, la práctica habitual de “los cortes” en todo el país, instalados como mecanismo corriente de reclamo, ponen en tela de juicio la institucionalidad en la Nación.

El discurso político y de los medios reivindica casi unánimemente la no criminalización de la protesta social, inspirados sanamente en el recuerdo de episodios trágicos del pasado o, con menos nobleza, en el mero cálculo de conveniencia de quien “se quema con leche y al ver una vaca, llora”, según el saber popular. No obstante, el concepto que se propone a la sociedad como dogma de la democracia constituye una verdad a medias: afirma el derecho a expresar el propio reclamo pero desconoce la prohibición legal de afectar el normal funcionamiento de los medios de transporte, por citar sólo un ejemplo. Para bien o mal, el artículo 194 del Código Penal es ley vigente de la República y tipifica como delito el impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, sancionándolo con pena de prisión más extensa que la correspondiente a delitos como hurto o resistencia a la autoridad. 

A la hora de aplicar la ley, aparecen procederes contradictorios de las distintas agencias estatales que, según su naturaleza, priorizan la solución normativa iniciando procesos judiciales, o la política, negándose a todo tipo de intervención coercitiva y dejando decantar los conflictos hasta que cesen por otras causas. Esto genera un marco de perplejidad en el que es difícil discernir qué está bien y qué está mal, qué está permitido y qué prohibido, ocasionando en la práctica que se acuda indiscriminadamente a los cortes para reivindicar derechos –al trabajo, a la salud, etc.– sin reparar en la seria afectación de iguales derechos de otros ciudadanos.

Hasta aquí el problema pareciera no trascender significativamente el plano individual o grupal, pero la banalización de un recurso excepcional legitimado socialmente en los noventa como modo de expresión de quienes no tenían otra manera de hacer sentir su voz, parece haber generado en el ideario social la creencia de que el propio derecho –o el de un conjunto, si coincide con el propio– puede procurarse por cualquier medio y a cualquier costo para terceros, incluso sacrificando todo interés colectivo que confronte con lo que se defiende. El recurso en cuestión se presenta como primera opción en relación con los caminos institucionales que, más allá de las dudas sobre su eficiencia, en muchos casos ni siquiera se intentan.

Este descrédito de los procedimientos estatales para resolver litigios se agudiza por la incoherencia del tratamiento mediático de la violencia, que por mercantilización o utilidad política propone una falsa confrontación entre autoridades y ciudadanos comunes, como si las instituciones estatales se beneficiaran con la generalización de conductas antisociales. La confusión se traslada a los reclamos, desdibujando muchas veces su contenido, al punto de hacer concurrir iniciativas enfrentadas que tienen como único denominador común la oposición a dichas instituciones.

Poco tiempo atrás cortaban la calle frente a los Tribunales provinciales en Rosario, familiares de víctimas del “gatillo fácil” conjuntamente con ciudadanos que, en reclamo de seguridad, se pronunciaban contra el maltratado “garantismo”, propiciando la ampliación de las facultades policiales.

Contemporáneamente, el paradójico incremento de conflictos judicializados –incluso los de mínima entidad–, lleva a pensar en una escasa práctica de la capacidad de diálogo y de compromiso en la construcción de las soluciones, además de la lamentable utilización de la justicia como otra herramienta de agresión al otro. Tal vez aquí podamos encontrar el denominador común de comportamientos sociales en aparente contradicción y las claves para reencauzar la problemática.

Acaso sea necesario plantear un nuevo acuerdo o pacto social, una apuesta a la institucionalidad y legalidad superadora, basada en la regla de oro –“el amor es la plenitud de la ley”–; ya que el Estado, como forma de organización política y social, es necesario y hasta el momento no existe un modelo superador.

Posiblemente sea significativo revalorizar el sacrificio propio por el bien común y repensar lo público como un ámbito de construcción colectivo, para así enfrentar la mentalidad de sospecha constante con las instituciones y sus funcionarios. Más aún, valorar las múltiples expresiones de compromiso en la sociedad civil y la cimentación de relaciones interpersonales nuevas pueden ser otras claves para una convivencia humana más armónica.