Los niños y el rol del Estado

¿La infancia como oportunidad o el problema de la infancia?


06 Agosto 2014

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 marcó un cambio de paradigma respecto de las nociones y reflexiones sobre la infancia. En nuestro país, la Ley Nacional reconoce al niño como un sujeto de derechos.

La tradición social, cultural y jurídica anterior a la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), estuvo caracterizada por la definición de niño/a como incapaz, a quien la familia o el Estado tenían el deber de controlar en los posibles desbordes emocionales, disciplinar en sus conductas o bien proteger en razón de la compasión que generaba su situación de dependencia con los adultos.

A grandes rasgos esta perspectiva fue la base de las legislaciones de menores que regularon las relaciones del Estado con los niños/as en América Latina, desde principios de siglo pasado. La traducción concreta de estas leyes descansó en la instalación de un modelo de intervención del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, selectiva de los niños/as más pobres cuyas familias eran evaluadas como incapaces de ejercer el disciplinamiento o control suficiente o necesario para mantener el orden social. En verdad “se trataba de encontrar causas de la delincuencia, que se ubicarían en la herencia, en la familia, en la vivienda, en la educación. Unión abandono-delincuencia, estudio del menor, clasificación y tratamiento idéntico, han sido los parámetros. El Estado debía intervenir y tomar medidas, aún cuando no se hubiera cometido delito, sino también, cuando el problema fuera social o económico.” (UNICEF 1993)

La característica organizadora de este modelo fue la judicialización de los problemas vinculados con la infancia en situación de riesgo, centralizando el poder de decisión en la figura del juez de menores. Los conceptos de “peligro material o moral y abandono” se constituyeron en los soportes fundamentales que justificaron la intervención jurisdiccional con el objeto de  “proteger” a los niños. Esta corriente fue denominada como la doctrina de la situación irregular. Los niños y las niñas eran diagnosticados y calificados en situación irregular en vez de identificar la irregularidad en la falta de acceso a derechos constitucionales, principalmente salud, educación, convivencia familiar, en condiciones de igualdad con otros niños.

A partir de la caracterización de la situación irregular se fue conformando el campo de la “minoridad” como instancia de la política pública particular, separada del conjunto de políticas sociales y jurídicas diseñadas para toda la infancia. Una vez que se instaló una nueva categoría social, se requirió llenarla de sujetos. Fue entonces que aparecieron definidos los grupos a partir de la judicialización de los problemas sociales, con categorías como: niño abandonado, niño maltratado, abusado, o delincuente. Se construye entonces una oferta específica para estos niños, ya sea a nivel gubernamental y no gubernamental, la protección de la infancia en extrema pobreza y la proliferación de hogares, lo cual llevó a la niñez a una situación de aislamiento de las condiciones familiares y comunitarias. Este enfoque prevaleció en la mayoría del mundo hasta la llegada de la CDN, habiéndose constituido como el mayor factor de segregación, estigmatización, revictimización y exclusión de varias generaciones de niños y niñas del mundo entero. Nuestro país no escapó a ello.

 

La CDN implicó un cambio de paradigma

Las nociones de infancia se han ido construyendo a través de la historia, modificándose por medio de luchas sociales, de los avances de las ciencias, los cambios políticos y la doctrina de los derechos humanos. La comunidad internacional toma conciencia de que los derechos de los niños son las obligaciones de los adultos. Desde la Convención sobre los Derechos de los Niños, ejecutada por la Asamblea de Naciones Unidas en 1989, se ha ido generando en todo el mundo una amplia reflexión y producción bibliográfica relacionada con los alcances de este instrumento jurídico sobre las políticas públicas, los marcos normativos y las prácticas sociales y culturales. Asimismo con el propósito de hacer efectivos los derechos de los cuales los niños son titulares, en la mayoría de los países se han producido transformaciones en las leyes, aunque no tanto en las prácticas cotidianas. En nuestro país, la ley 26.061 ha constituido un hito fundamental en la conquista de derechos, que derogó la Ley de Patronato como el más claro exponente del modelo tutelar.

La Ley Nacional reconoce al niño como un sujeto de derechos en lugar de considerarlo como un mero receptor de la protección estatal o familiar. Parte de una concepción de niño y niña como persona humana, que como tal tiene los derechos ya reconocidos, destacando las particularidades de la vida y estado de desarrollo de los niños y niñas.

La protección del niño y la niña en su calidad de sujetos plenos de derechos debe expresarse entonces a través de acciones que protejan integralmente sus derechos. Se trata así de superar definitivamente las acciones reflejadas en leyes, planes, programas y políticas, prácticas sociales y administrativas tendientes a la protección en las que la infancia era mero objeto de control, tutela y disposición por parte de autoridades judiciales. En la práctica se trata de alterar y modificar políticas, prácticas y acciones gubernamentales y de las organizaciones sociales destinadas a la infancia, de modo de remover aquellos obstáculos que generan su exclusión de los ámbitos de la vida y crecimiento comunes a todos los niños y niñas, la familia, el barrio o la escuela.

La CDN y la Ley 26.061 otorgan un papel preponderante al apoyo que debe gozar la familia, ámbito central para el pleno desarrollo y bienestar de los niños y las niñas, y estableciendo los principios que les garantizan a vivir con sus familias. Es decir, si en el modelo anterior de tutela del Estado éste debía ocupar el rol de la familia y disciplinar a la niñez, el nuevo aporte de estos marcos normativos es ordenar todos los esfuerzos y recursos del Estado y la sociedad en su conjunto, destinándolos a apoyar a la familia en la protección, desarrollo y supervivencia de los niños y las niñas.

Este cambio de paradigma supone una nueva manera de entender la infancia. Plantea entonces nuevas obligaciones por parte del Estado que debe asumir un papel activo y liderar las políticas de infancia, reconociendo los derechos y protegiéndolos efectivamente, otorgándole plena vigencia en la vida cotidiana de los niños y las niñas. Si anteriormente el Estado, fue el encargado de tutelar y por ello vulnerar los derechos de la infancia, hoy es el mayor garante de esos derechos. En esto consiste el cambio.

En este contexto, los desafíos que plantea la implementación de la Ley Nacional de Protección de los niños, niñas y adolescentes son múltiples y se dan en varios niveles, entre ellos: la participación de los propios interesados en la definición de las políticas, programas y acciones, la identificación y pronta resolución de situaciones que amenazan o vulneran los derechos del niño y la niña, la des-institucionalización y el fortalecimiento de la familia como agente insustituible del bienestar de los niños y las niñas, la des-judicialización de problemas sociales, el pasaje de una concepción centrada en la protección de personas a una concepción que plantea la protección de derechos, la coordinación de las políticas públicas que permitan la protección integral a partir de la oferta articulada de servicios y la descentralización al nivel local de las políticas públicas a partir de la instalación de los sistemas de protección local de la niñez y la adolescencia, como instancia del Estado más cercana a los ciudadanos.

Percibir a la infancia como problema impide visibilizar los problemas de la infancia, robándole al niño su estatus de sujeto pleno de derechos y vulnerando su dignidad como persona humana

 

Referencias Bibliográficas: Hacia la implementación del Plan Nacional de acción por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. República Argentina. Quesada, Martínez, Gamarra. 2005. / Campaña de comunicación y educación para las políticas públicas de infancia. UNICEF Argentina. 2006

 

*Javier Quesada es Psicólogo Social y Licenciado en Pedagogía Social. Doctorando en Ciencias Sociales UNGS. Ha participado en el proceso de implementación de la Ley 26.061 y elaboración del Plan Nacional de Acción de los niños, niñas y adolescentes 2005/2007. Como consultor de UNICEF (Argentina, Paraguay, Oficina Regional panamá) ha desarrollado diversos estudios/proyectos y asistencia técnica para la elaboración de política pública referida a la infancia. Es Coordinador del área de Educación de Cáritas Argentina.

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